La reforma del Estado argentino que pretende el presidente Javier Milei ya empieza a ser efectiva. El megadecreto que impuso el ultraderechista con más de 300 derogaciones y modificaciones normativas entró en vigor este viernes, cuando se cumplieron ocho días desde su publicación en el Boletín Oficial. La medida, sin embargo, aún debe sortear obstáculos en el Congreso, donde tiene que ser aprobada, y en la Justicia, donde acumula una treintena de amparos que cuestionan su constitucionalidad. Un tercer cortafuegos está en las calles: la crisis económica es grave y el clima social, efervescente.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei deroga sin discusión parlamentaria leyes, elimina regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas, abre la puerta a las operaciones en dólares y da el puntapié inicial para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud, entre otro centenar de medidas. El mecanismo está previsto para que el Ejecutivo dicte o modifique leyes ante algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. Entre los abogados constitucionalistas, sin embargo, hay consenso en que este no es el caso del decreto firmado por Milei y denuncian que el presidente se arrogó facultades legislativas.
