El Parlamento de Madagascar ha tomado una decisión que ha generado revuelo en la comunidad internacional. Recientemente aprobó un proyecto de ley que establece la castración química o quirúrgica para individuos condenados por abusos sexuales a menores. Este texto, que ha recibido el visto bueno del Senado, ahora aguarda la aprobación del Tribunal Constitucional Supremo antes de ser sancionado por el presidente Andry Rajoelina.
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La nueva legislación establece penas diferenciadas en función de la edad de la víctima. En casos donde el niño sea menor de 10 años, el condenado enfrentará la castración quirúrgica, un procedimiento irreversible que elimina los órganos reproductores. Por otro lado, la violación contra niños de entre 10 y 13 años permite elegir entre la castración química o quirúrgica. Para las víctimas entre 14 y 17 años, se impone la castración química, la cual suprime la producción de testosterona y, por ende, reduce la libido y la capacidad de erección.
Esta medida radical se acompaña de penas de prisión más severas, llegando incluso a la cadena perpetua. Según el Ministro de Justicia de Madagascar, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, la ley es una respuesta necesaria ante el incremento alarmante de casos de pedofilia en el país, con 600 casos reportados en 2023 y 133 solo en enero de este año.
Sin embargo, esta ley ha sido objeto de críticas severas por parte de organizaciones de derechos humanos a nivel mundial. Amnistía Internacional ha condenado estos castigos como «inhumanos y degradantes», instando al gobierno a enfocarse más en proteger y asistir a las víctimas. Por otro lado, grupos como WomenBreaktheSilence ven en la ley un avance significativo contra la cultura de violación en Madagascar.
La pregunta que surge es: ¿Representa esta ley una solución efectiva o un retroceso en términos de derechos humanos? Este debate no solo atañe a Madagascar, sino que plantea interrogantes fundamentales sobre la justicia y los derechos humanos a nivel global.
